EL SUJETO Y EL CAMPO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA PÚBLICA EN ESPAÑA

•Comparar la función de las diferentes administraciones públicas en España.

En España tras la aprobación de la Constitución en 1978 comprende 4 unidades administrativas, la Administración del Central, la Administración Autonómica, las Corporaciones locales y la Administración de la Seguridad Social. Ahora vamos a examinar las diferencias en cuanto a su función de las tres primeras administraciones mencionadas anteriormente.
La Administración Central a diferencia de la Autonómica y de la local, tiene competencias que se extienden por la totalidad del territorio económico, con excepción de las administraciones de la Seguridad Social. La administración central tiene funciones de administrar todo el territorio geográfico y económico español; también regula las zonas francas, incluidos los depósitos y fábricas bajo control aduanero; el espacio aéreo nacional, aguas territoriales y la plataforma continental situada en aguas internacionales sobre la que el país disfruta de derechos exclusivos; los enclaves territoriales situados en el resto del mundo y utilizados por las Administraciones públicas del país en virtud de tratados internacionales o de acuerdos entre Estados y por último los yacimientos situados en aguas internacionales y explotados por unidades de producción residentes en el propio territorio nacional. Todas ellas son competencias exclusivas de la Administración Central pero, dentro del Estado Español también tenemos otras unidades de gobierno como las Comunidades Autónomas que con funciones inferiores que la Administración Central, cuya competencia abarca únicamente el territorio económico de la región. Por último tenemos la unidad administrativa más pequeña e inferior en cuanto a funciones y territorio. Este lo forman los municipios y las provincias. Lo único que es similar en las tres Administraciones es que todas incluyen o pueden incluir instituciones sin fines de lucro controladas y financiadas principalmente por la propia administración concreta.

• Índices que delimitan el tamaño del Sector Público

El sector público español tiene un tamaño que viene delimitado por el nivel de gastos e ingresos que tiene el Estado. Los gastos y los ingresos son índices con lo que vamos a analizar cuál es el volumen de actividad financiera y económica del sector público en la nación. Ambos índices se van a relacionar con un índice macroeconómico que es el producto interior bruto (PIB). Según el autor, la relación entre gasto público total y el PIB exagera el peso del sector público sobre el conjunto de la economía, pues incluye gastos de transferencia, los gastos reales en bienes y servicios. En segundo lugar otro índice de medición es la del volumen de empleo público que ha ido aumentando en España debido al rápido proceso de descentralización. En tercer lugar los gastos de consumo final de las Administraciones Públicas, que consiste en el conjunto de remuneraciones totales de los asalariados dónde el número también ha aumentado. En cuarto lugar nos encontramos con la presión fiscal, que incluye también las cotizaciones a la Seguridad social, donde el sistema tributario va a jugar un papel importante. El peso relativo de los impuestos directos e indirectos dentro del conjunto y su grado de progresividad son aspectos muy relevantes que nos van a dar una idea del tamaño del sector público, ya que según sea el nivel de presión, así será el nivel de ingresos, aunque no en términos absolutos porque también depende de la coyuntura económica. En último lugar, y no menos importante, la deuda consolidada de las Administraciones públicas, pues esta refleja la acumulación de déficit presupuestario del sector público, que tiene su importancia desde el punto de vista de sanidad financiera, solidaridad intergeneracional y el equilibrio económico.

• Tras los criterios de Maastrich cómo evoluciona el sector público es España.

A partir del año 1996 y la firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht, se establecieron unas condiciones de obligado cumplimiento para la incorporación de los Estados miembros a la UEM. Estas condiciones de convergencia que van a afectar al nivel de tasa de inflación, al tipo de interés, a la deuda pública y la fluctuación de la moneda nacional dentro del Sistema Monetario Europeo. España los cumplió en 1998, aunque no estrictamente debido al nivel de endeudamiento, aunque este se iría reduciendo con el tiempo. España reduce su gasto público para conseguir a medio plazo una situación de equilibrio presupuestario, próxima del equilibrio que obligó al gobierno español elaborar programas de estabilidad donde se especifiquen los objetivos presupuestarios a medio plazo tendentes al equilibrio o al superávit, con el objeto de que lo estabilizadores económicos puedan funcionar a lo largo de todo el ciclo económico. El programa de estabilidad económica en España fue el, Programa de Estabilidad del Reino de España 1999-2003, aprobado en consejo de ministros el 21 de enero de 2000. Este programa partió de la hipótesis de que se mantendrá la buena situación económica experimentada en esos momentos: crecimiento económico vigoroso, alto nivel de creación de empleo y una moderada tasa de inflación y se propuso orientar la política fiscal hacia un objetivo de contención del gasto corriente.